EL PODER DE SILENCIAR PRESIDENTES. 

Una hora después del discurso que pronunciara Donald Trump a sus seguidores el 6 de enero, se desataron actos violentos en el Capitolio que lamentablemente derivaron en la muerte de 5 personas. La naturaleza belicista de la retórica de Trump, enciende a sus más fieles seguidores y la palabra “luchar”, utilizada en 20 ocasiones durante su discurso, pudo haber sido interpretada de forma literal, por la multitud, que una hora después irrumpió en el Capitolio de manera violenta.

Sin embargo, la primera enmienda de la Constitución, protege con vehemencia  la libertad de expresión, incluyendo mucho de lo que podría ser ilegal en otras democracias, como es el caso de la “incitación al odio” que es castigado por ejemplo, en varios países de Europa.

En 1969, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de un líder del Ku Klux Klan, al que se le imputaban cargos relacionados con incitación a la violencia, por haber llamado a la venganza en contra de afroamericanos y judíos. La misma señaló, que los llamados eran muy abstractos para ser considerados criminales. En el fallo se especificaba que el discurso podría haber estado prohibido si “estaba dirigido a incitar o producir una acción inminente en contra de la legalidad” y además, que fuese muy probable que generara dicha acción. La inminencia de generar una acción que transgrede la ley, podría ser fácil de comprobar en el caso de los eventos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero; pero durante el discurso nunca se dijo de manera explícita :-“Saqueen el Capitolio”, incluso Trump llegó a decirle a la multitud, que hicieran escuchar su voz de manera pacífica.

Sin embargo, las palabras de un presidente prácticamente se consideran oficiales, en cuanto a la determinación de las políticas a seguir y en el caso de Trump, el discurso toma otra dimensión al considerar que gran parte de sus seguidores, no son ciudadanos que comparten una visión de país, sino son individuos que se comportan como seguidores fanáticos de un líder religioso.

Cualquier presidente debe medir sus palabras porque esas permean directamente a sus seguidores y en la mayoría de los casos tienen consecuencias. Sin embargo, medir el discurso de los funcionarios públicos podría coartar una de las bases de la democracia: “la libertad de expresión”

EL DILEMA.

En muchos países las redes sociales han sido promotoras de cambios políticos, han sido el vehículo de lucha por los derechos civiles y han significado la transformación de sociedades enteras.

Por ejemplo, en el caso del expresidente de Filipinas, Joseph Estrada, cuando estaba siendo sometido a juicio político por cargos de corrupción, legisladores adeptos al exmandatario votaron para desestimar los cargos que se le imputaban. Posteriormente millones de mensajes fueron reenviados a través de las redes sociales que decían “Go 2. EDSA. Wear Blk” (“Vayan a la Avenida Epifanio de los Santos. Vístanse de negro”). En los dias siguientes a la votación, más de un millón de manifestantes colapsaron el centro de Manila, los legisladores tuvieron que revertir el curso de la investigación y permitieron que la evidencia en contra de Estrada fuera presentada. Cerca de 7 millones de mensajes fueron enviados esa semana, lo que permitió la organización de un evento de esa magnitud en tan poco tiempo. El 20 de enero de 2001, Estrada tuvo que dejar el poder. Este evento marcó un precedente en la historia; por primera vez un presidente dejaba el poder por la presión de manifestaciones masivas, organizadas a través de las redes sociales.

En algunos casos, las redes sociales han sido utilizadas tras bastidores, por líderes que intentan capitalizar el descontento de una parte de la población, para desatar manifestaciones violentas en contra del “Status Quo” y promover un Golpe de Estado.

Por otro lado, en regímenes totalitarios, las redes han sido censuradas, cerrándole la posibilidad a los ciudadanos de comunicarse libremente y de expresar, bajo algún seudónimo, posturas en contra de sus gobiernos; eliminando así la amenaza de la organización de sus ciudadanos para llamar a la insurrección y lograr la libertad.

Las redes sociales, sin duda, suponen un reto para los gobiernos. ¿Hasta que punto tienen derecho de compartir nuestra información?, ¿hasta dónde pueden decidir qué decimos y qué no?, ¿hasta que punto pueden influenciar nuestras decisiones, promover actos violentos o determinar nuestra intención de compra? ¿Hasta dónde podemos permitir que un algoritmo, decida por nosotros, incluso sin darnos cuenta?

Estados Unidos ya se prepara para regular las redes sociales y la Unión Europea también plantea una legislación más estricta para limitar los alcances de estas empresas y la información que manejan. ¿Podrán lograrlo sin socavar libertades o estaremos condenados a vivir un futuro dominados por las redes sociales?

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